En las últimas fechas, y especialmente a raíz de la subida del SMI hasta los 1.108,33€ mensuales (pagas incluidas) que el gobierno aprobó recientemente por decreto este pasado mes de Enero de 2020, estamos viendo como “el campo” y “los representantes de la España vaciada” se han lanzado a manifestaciones en las que, en definitiva, piden que se articulen medidas que permitan que la vida en el campo –en los pueblos- pueda ser atractiva evitando así condenarlos al abandono demográfico, amén de una “rentabilidad mínima” para las explotaciones agrícolas (que obviamente se radican en el campo).

El gobierno, en una nueva muestra de su ineptitud y desconocimiento económico, ha lanzado la idea de que los problemas del campo se van a resolver reduciendo a 20 las peonadas necesarias para cobrar el PER (que no deja de ser una subvención a cambio del voto) o articulando una ley que prohíba vender por debajo de coste; cuestión –prohibir la venta a pérdidas- que el TJUE ha declarado ilegal en reciente sentencia.

Con estas breves líneas mi intención es la lanzar la idea de las “zonas de oportunidad” que impulsó Trump en su reforma fiscal del 2017 junto a otras muchas medidas. Si, Trump, ese peligroso fascista y ultraderechista para algunos (no para mí), ha aplicado propuestas con las que humildemente estoy muy de acuerdo y espero que no por ello se me acuse de ser miembro del KKK ni nada similar.

Las zonas de oportunidad vienen a ser, simplificándolo mucho, un paquete de fuertes incentivos fiscales que permiten exenciones importantes para los beneficios de las inversiones efectuadas en unas determinadas zonas (previamente establecidas por la propia ley conforme a un criterio claro y objetivo) de forma que crea un incentivo económico potente para que los capitales se muevan hacía inversiones localizadas en estos sitios, lo cual redunda en mayor actividad económica y creación de riqueza (que son 2 factores importantes a la hora de fijar población) en estos lugares.

Estableciendo como criterio principal el demográfico para poder crear estas “zonas de oportunidad” la idea de base es que cualquier proyecto empresarial que se lleve a cabo en esa determinada zona (siempre y cuando al menos el 90% de los activos del proyecto sean inversiones reales en el proyecto y no meros préstamos de capital) goce de una exención del 100% en los dividendos que genere dicho negocio o proyecto y que, si al menos se mantiene durante 10 años, goce también de exención fiscal la ganancia patrimonial que pudiera producirse por la venta del proyecto o negocio. A los agricultores ya establecidos en estas zonas geográficas les sería de aplicación esta exención fiscal para los rendimientos de su actividad agrícola (que no deja de ser un proyecto empresarial más). De esta forma conseguiríamos hacer mucho más atractivo el invertir en estas zonas de forma que se generaría empleo radicado físicamente en estas demarcaciones y eso fijaría población y haría que se dotasen más y mejores infraestructuras.

Realmente esto no es nada nuevo, sino que es la simple aplicación de la máxima que dice que si pretendes dirigir la actividad económica a una zona concreta pues debes de crear incentivos para que los actores económicos voluntariamente vayan allí. Ya en la Edad Media, durante el proceso de reconquista, los reyes conquistadores daban tierras (las ganadas a los moros) y exenciones de tributos a quién se moviese a repoblar determinadas zonas que les interesaba repoblar. ¿Qué principio básico aplicaban? El incentivo. Con medidas económicas, incentivaban a que la gente se fuese a dónde al monarca le interesaba que fuesen.

¿Qué criterios objetivos podríamos aplicar para definir en España las “zonas de oportunidad”?

Yo propondría a municipios, o entidades de ámbito inferior al municipio (pueblos que pertenecen a un Ayuntamiento que engloba a varios pueblos), con una población inferior a 5.000 habitantes y cuya renta media por habitante esté por debajo del 75% de la renta media por habitante de todo el país. Creo que sería una definición bastante objetiva, y poco interpretativa, de los límites de las “zonas de oportunidad” (que deberían de ser creadas por cada CCAA con arreglo a estos criterios).