En los últimos tiempos, y especialmente en las últimas semanas, estamos pudiendo comprobar como un sector económico por entero reclama al Estado más intervención y más regulación; el sector del Taxi en España. No son protestas pacíficas, es kaleborroka callejera para conseguir por la fuerza mantener sus privilegios y “obligar” al Estado a que utilizando su arma más poderosa, que no es otra que el BOE, les elimine la competencia para así poder seguir cobrando tarifas abusivas y dando, por lo general, un pésimo servicio al cliente si lo comparamos con el que dan las distintas plataformas VTC.  

El problema del taxi no son los VTC

Yerra el tiro el sector del taxi en España, como en tantos otros países, si cree que el enemigo para su futuro es el VTC (Uber, Cabify, etc). Uber, u otras plataformas similares, para el taxista, caso de estar verdaderamente liberalizado el sector, sería una grandiosa oportunidad de negocio ya que podría utilizar la red de Uber para la obtención de ingresos y clientes de manera recurrente y eficiente en costes. El problema del taxi, como de tantos otros sectores económicos en España, es la excesiva regulación que la administración pública ejerce sobre este sector; es decir, el enemigo del taxi es el Estado.

Para ejercer como taxista en alguna ciudad de España necesitas una “licencia”, que viene a ser un sistema a través del cual el Estado –la administración pública- se apropia de algo que naturalmente no le pertenece a fin de obtener ingresos. Estas licencias cuestan un auténtico dineral; en ciudades como Madrid hacerse con una licencia de taxi puede costar entre 150.000 y 200.000€ que han de abonarse al anterior dueño de la licencia ya que la gran mayoría de los Ayuntamientos hace bastantes años que no dan ninguna licencia nueva. Este sistema de licencias supone poner costosísimas trabas para el acceso a la profesión de taxista; unas trabas que no tienen más razón de ser que lo redactado en la leyes vigentes. De hecho para ver lo costoso de estas licencias podéis acceder a la web del Banco de España y simular un préstamo para así ver cuál sería su cuota; eso he hecho, y suponiendo un costo de 150.000€ y un tipo de interés fijo durante 20 años del 7% (interés de mercado para préstamos personales), estaríamos hablando de una letra mensual para el pago de la licencia de 1.162,95€.

Liberalizar el sector y suprimir las licencias

El sistema de licencias debería eliminarse por completo y ser libre el acceso a la profesión de taxista; libre pero acreditando –con una mera comunicación administrativa que no devengue en tasa ni impuesto específico alguno- tener vehículo, carnet de conducir adecuado, seguro de responsabilidad civil y la documentación en regla (incluyendo alta en Seguridad Social y AEAT). No es difícil hacer esto, no requiere de reformas constitucionales y no supone quitarle nada a nadie, ¿Por qué no hacerlo?. Hasta ahora hemos probado con más y más regulación dando como resultado un encarecimiento brutal del servicio de taxi debido a los costes anómalos (licencia) que deben de costearse con el precio final ofrecido al usuario del taxi.

El gremio de los taxistas esgrimirá en contra de esto que entonces el dinero que han invertido en sus licencias pierde todo su valor a lo que les contestaré que “la responsabilidad sobre las malas inversiones en el negocio las paga uno mismo y adquirir una licencia de taxi a esos precios se ha demostrado una mala inversión”. Si el sector del taxi no se liberaliza la llamada “economía colaborativa”, dentro de la que se encuadran apps como Uber o Cabify, acabará por eliminarle y entonces ni estarán en condiciones de trabajar ni tampoco tendrán valor alguno sus actuales licencias; ustedes decidirán señores taxistas, pueden alargar la agonía un tiempo con batallas legales contra los VTC pero no se le pueden poner puertas al campo a largo plazo.

Un taxista profesional con licencia actualmente tiene mucho que ganar con la liberalización pese al miedo inicial que la libre competencia le pueda dar. El taxista puede ofrecer un servicio más profesional, de mejor calidad que un conductor novel en este mercado puesto que llevan operando y lo conocen mucho más tiempo pero tienen que “ponerse las pilas” y salir de “la zona de confort” en la que llevan instalados desde que el BOE les privilegió restringiendo su posible competencia desde tiempos inmemoriales.

A modo de colorario se puede afirmar que un sector liberalizado y sin litigios legales a la vista atraerá a más operadores, lo que redundará en un aumento de la competencia, previsible bajada de precio final y un cada vez mejor servicio como vía para la captación de clientes por parte de cada operador. ¿A quién le parecen mal estas consecuencias?